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Comités de Vigilancia de Recursos Naturales COVIRENAS

Los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales son organizaciones de sociedad civil conformados por inspectores ambientales ad-honorem, auspiciados por el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) de Costa Rica y creados para coadyuvar en la aplicación de la legislación ambiental vigente. Su figura se origina en la Ley de Conservación de Vida Silvestre (1992) y se refuerza con la Ley Forestal (1996) y el Reglamento a la Ley de uso, manejo y conservación del suelo (2001). 

Los primeros COVIRENA surgen a finales de la década de los noventa como una respuesta desde la sociedad civil para la atención de diversos problemas ambientales, principalmente la alta tasa de deforestación y cacería en el ámbito nacional; y la contaminación del Río Grande de Tárcoles, en el Gran Área Metropolitana, producto del mal manejo de residuos agropecuarios, municipales y del beneficiado del café. Aquellos Comités incluyeron también a personas involucradas en acueductos rurales, iniciativas comunales de abastecimiento de agua para uso domiciliar, hoy transformados en ASADAS

El Programa COVIRENA operó en sus inicios desde la Fundación para el Desarrollo Urbano (FUDEU) y a partir de 1998 se formalizó como un programa de la Dirección de Sociedad Civil del MINAE. En 2008, al cerrarse esta Dirección, el Programa se trasladó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). 

Durante su primera década, el programa capacitó a 7.900 personas (incluyendo menores de entre 15 y 18 años) de 200 comunidades, en temas como legislación ambiental, elaboración de denuncias y mecanismos de participación. De este proceso surgieron los primeros 165 Comités, con la participación de aproximadamente cuatro mil inspectores ad-honorem.

Figura 1. Línea de tiempo. 

 

Línea de tiempo

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI), Procuraduría General de la República.

 

En 2016 se emitió el segundo Reglamento para la conformación y operación de los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales y los Inspectores ambientales ad honorem (Decreto No. 39833-MINAE) que establece el proceso de conformación de los Comités, su organización administrativa y su funcionamiento, entre otros, así como los requisitos que debe cumplir quien quiera ser Inspector Ad Honorem. 

Desde el año 2018 las personas interesadas en formar parte de COVIRENAS pueden registrarse mediante el sistema en línea SICOVIRENA, el cual forma parte del Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA). 

El programa COVIRENA está contemplado en la Meta 47 de la Estrategia Nacional de Biodiversidadque establece “Al 2020 se contará  con 12 nuevos grupos organizados que coadyuvan de manera oficial en las labores de prevención, protección y control ejecutados por el SINAC”.

 

Para el año 2022, superado el proceso de reacomodo institucional que implicó el traslado del programa al SINAC, el MINAE registraba 428 inspectores ambientales ad-honorem incorporados a 49 Comités que cubren todas las áreas de conservación del territorio terrestre nacional.

  •  En 30 años de existencia, los COVIRENAS han demostrado capacidad para organizarse, concebir y dinamizar agendas ambientales locales, generar estructuras a escala local y regional e identificar necesidades de capacitación, coadyuvando al trabajo de control ambiental que realizan instituciones públicas como el MINAE, el Ministerio de Salud y las municipalidades, entre otras.  

  • En 1997 la Dirección de Sociedad Civil estimó en $667.306 USD el aporte realizado por el Programa COVIRENAS, como resultado del tiempo invertido en operativos de control, capacitaciones y sensibilización ambiental, reuniones y otras actividades relacionadas con su labor.

  • Las comunidades donde opera COVIRENAS han visto una mejora en el estado de los recursos naturales y con ello una mejora en la calidad de vida. El impacto positivo de los Comités ha sido la herramienta más exitosa para educar y sensibilizar ambientalmente a sus comunidades.

  • El Programa ha logrado superar periodos de transición de gobiernos y se ha mantenido operando de forma continua a nivel local. 

Grupo Bahía Drake y Aguinadra

Grupo Bahía Drake y Aguinalda

Grupo AcTo

  • Reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI), en tanto las labores de educación y control realizadas tienen un impacto en la gestión comunal de residuos, evitando prácticas como la quema de desechos o la descomposición de residuos orgánicos.

  • Asimismo, la acción local por proteger modos de vida tradicionales y paisajes productivos agrosilvopastoriles, contribuye a controlar la expansión urbana y de monocultivos aportando multidimensionalmente a la mitigación de emisiones de GEI.

  • Remoción de CO2 de la atmósfera, al proteger los bosques y ampliar la cobertura arbórea existente.  

  • Reducción de la vulnerabilidad de comunidades ante el cambio climático, al proteger las zonas de recarga acuífera y áreas de protección de ríos, y al ejercer labores de fiscalización contra la tala ilegal y la degradación de bosques frente a actividades agrícolas extensivas.

  • Mejora de la capacidad de adaptación al cambio climático de comunidades y territorios, al impulsar la gestión y participación comunitaria para reducir la vulnerabilidad al cambio climático de manera apropiada a las realidades y cosmovisiones locales. Dentro de las metas establecidas en la NDC 2020 se incluye que los COVIRENA, junto a otras instancias comunales, incorporen  para el 2030, acciones de adaptación al cambio climático en sus planes y operaciones.

  • Las iniciativas de participación pueden surgir desde la sociedad civil, pero es importante que se formalicen como espacios institucionales, asegurando su permanencia en el tiempo.

  • Al conformarse como espacios institucionales, se debe asegurar recursos que permitan a las personas inspectoras ad-honorem apoyar las labores de fiscalización, control y educación ambiental. Para esto, pueden canalizarse recursos de diferentes instituciones, de acuerdo con las labores de apoyo que se realizan.

  • Se debe reconocer el valor económico que representa el trabajo voluntario para una institución. 

  • La participación en temas ambientales debe generar un mejoramiento en las condiciones de vida de las comunidades por lo cual la institucionalidad ambiental debe fortalecer sinergias con procesos participativos socioambientales y locales.