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Acciones climáticas innovadoras

Plan de Movilidad Eléctrica

Durante el año 2022, el 98,7% de la demanda eléctrica nacional fue cubierta con fuentes renovables, utilizando en su mayoría fuentes hidroeléctricas (75%), geotérmica (12,9%) y eólica (10,9%) entre otras.[1]

Esta matriz de generación eléctrica representa una clara ventaja para el país, sin embargo, de acuerdo con el Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero de 2017, el sector energía es el responsable del 55,1% de las emisiones nacionales. Es claro que, a pesar de los esfuerzos realizados para innovar en la generación eléctrica a partir de fuentes renovables, el país mantiene una importante dependencia a los hidrocarburos asociada principalmente al transporte, categoría que representa el 41,55% de las emisiones a nivel nacional.[2] Durante el año 2017 se reportaron 6.017,6 Gg de CO2 eq asociadas al transporte, representando el 75,4% de las emisiones del sector energía. Adicionalmente, entre el año 1990 y 2017, el transporte tuvo un aumento del 243% de emisiones, siendo la categoría con mayor crecimiento. 

Considerando esta realidad, el VII Plan Nacional de Energía (2015) estableció ejes de trabajo relacionados con la eficiencia energética, particularmente cambios en la movilidad vehicular, a través del impulso a flotas vehiculares más amigables con el ambiente y un transporte público sostenible. 

Incentivos fiscales

En el año 2018 se da un impulso a la movilidad eléctrica con la Ley 9518 “Incentivos y promoción para el Transporte Eléctrico”, la cual plantea incentivos fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos nuevos. Posteriormente, en una reforma realizada en  2022 estos incentivos se ampliaron a vehículos usados con un máximo de 5 años de antigüedad. 

Esta Ley también impulsa la formulación del Plan Nacional de Transporte Eléctrico (PNTE), el cual busca “promover la transición hacia una mayor participación de las energías renovables en la matriz energética nacional, mediante la electrificación del transporte en todos sus modos”.

El PNTE es un plan robusto técnicamente y con un sistema de gobernanza que suma las potencialidades de actores institucionales como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), así como actores del sector privado, la academia, cooperativas de electrificación rural, cámaras de transportistas, los importadores de vehículos, y la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (ASOMOVE) entre otros. 

El PNTE cuenta con el acompañamiento de organismos de cooperación internacional como la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Fundación Costa Rica - Estados Unidos para la Cooperación (CRUSA), la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entre otros.

Posteriormente, en febrero del 2019 se lanza el Plan Nacional de Descarbonización (PND), el cual presenta la electrificación del transporte, tanto público como privado, como una medida para la descarbonización. En sus primeros tres ejes establece metas como un 30% de transporte público, privado e institucional será cero emisiones para el año 2035, la puesta en operación del tren eléctrico de pasajeros y una red de recarga eléctrica a lo largo del territorio nacional. Con este instrumento, Costa Rica se convirtió en pionera de la planificación de procesos sostenibles de movilidad en el ámbito internacional.

Finalmente, la Contribución Nacionalmente Determinada (2020) unifica y refuerza las metas del PNTE y del PND, estableciendo como compromiso en movilidad y transporte que “Costa Rica está comprometida a desarrollar un sistema de movilidad basado en la movilidad activa y un sistema de transporte público seguro, eficiente, impulsado con energía renovable y accesible para todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidades; con una flota de vehículos ligeros cero emisiones y un transporte de carga eficiente. La contribución de Costa Rica en transporte representa una profunda transformación de un sistema centrado en vehículos particulares a uno centrado en el bienestar de las personas

En este marco, con el apoyo de proyectos de cooperación internacional, se han implementado proyectos piloto de electrificación del transporte, que han arrojado una valiosa cantidad de datos y lecciones aprendidas que son fundamentales para escalar las experiencias y fundamentar decisiones. 

Entre los retos que enfrenta el PNTE y la movilidad eléctrica en el país destaca la necesidad de avanzar en transporte especial colectivo (transporte de estudiantes, turismo y trabajadores de empresas), así como la necesidad de facilitar esquemas de financiamiento para la transformación de estas flotas. 

  • Se instaló y puso en operación la Red Nacional de Recarga Rápida para Vehículos Eléctricos, la cual convierte a Costa Rica en el país con más cargadores per cápita en América Latina, y el tercer país de la región con más puntos de carga para autos eléctricos.

  • Se elaboró una propuesta para modificar la Ley para la Gestión Integral de Residuos y su Reglamento, para definir un modelo de gestión de baterías de litio.

  • Se emitió la Directriz 033-MINAE-MOPT para la “Transición hacia una flota vehicular eléctrica o cero emisión en el sector  público”. Gracias a esto, varias instituciones del Estado han iniciado la electrificación de su flota vehicular. De acuerdo con datos del Ministerio de Ambiente y Energía, en para el año 2021 se registraban 373 vehículos eléctricos con carácter institucional.

  • Gracias al apoyo de proyectos de Cooperación se han implementado proyectos piloto de electrificación del transporte. Los proyectos piloto han arrojado una valiosa cantidad de datos y lecciones aprendidas que son fundamentales para escalar las experiencias y fundamentar decisiones. 

  • Entre 2017 y 2022, la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ desarrolló el proyecto Mi Transporte, a través del cual se implementó un plan piloto con 3 autobuses eléctricos con tres rutas dentro del GAM, y otro para el uso vehículos eléctricos de carga liviana con el Instituto Tecnológico de Costa Rica. También se elaboró un estudio técnico para determinar el impacto en las redes eléctricas de distribución de Costa Rica ante la entrada de buses eléctricos de transporte público.

  • A finales del año 2023 inició un proyecto piloto de taxis eléctricos, el cual brinda apoyo para la adquisición de seis vehículos eléctricos que operarán en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Este proyecto cuenta con fondos GEF, y es administrado por la Fundación Costa Rica - Estados Unidos para la Cooperación (CRUSA).

  • La Embajada de República Popular China donó 6 unidades de autobuses eléctricos que entraron a operar a inicios del 2024.

  • Se formuló un proyecto para la construcción de un tren eléctrico de pasajeros en la GAM, el cual logró la aprobación de un crédito de $250 millones por parte del Fondo Verde del Clima. Aun y cuando el proyecto fue rechazado por la Asamblea Legislativa, constituye una base técnicamente valiosa. 

  • El principal aporte de la implementación del PNTE a través de sus proyectos pilotos es la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y gases contaminantes. 

  • El plan piloto de buses eléctricos implementado por GIZ identificó que “un autobús diésel genera más de 269 kg de CO2 diarias, mientras que un bus eléctrico produce menos de una centésima parte de esa cantidad”.

  • Entre febrero del 2021 y  abril de 2022 las dos primeras rutas de autobuses eléctricos del proyecto Mi Transporte habían registrado un ahorro –entre combustible y electricidad– de un 78%, al pasar de consumir 59.150 litros de diésel a 32.337 kilovatios hora de electricidad limpia, lo cual evitó emitir 105 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e).

  • Las campañas de sensibilización e información en torno al PNTE y el involucramiento de organizaciones de sociedad civil también contribuyen a aumentar la participación ciudadana y a concientizar sobre la crisis climática y la necesidad de actuar.

  • Los planes de transformación de flotas vehiculares de combustión a sistemas eléctricos deben enmarcarse en marcos regulatorios, planes y políticas de mayor impacto que contemplen todo el sistema eléctrico nacional. 

  • El cambio de flotilla vehicular institucional debe realizarse gradualmente y visibilizando a las instituciones como agentes de cambio. Es importante generar métricas que permitan cuantificar la transformación de la flota en instituciones públicas y gobiernos locales. 

  • Es indispensable considerar esquemas de gobernanza que incorporen instituciones fuertes y con experticia en el tema, en el caso costarricense el papel del ICE como institución experta, fue clave.

  • Como parte de esta gobernanza, es fundamental asignar el seguimiento y monitoreo del Plan a una instancia que opere como Secretaría Técnica.

  • Los planes de este tipo deben acompañarse de un cambio cultural en la visión de las iniciativas de transporte eléctrico. Por lo general, las narrativas están enfocadas en la promoción del transporte público individual, pero un verdadero cambio radica en el uso de transporte público eléctrico. La participación de organizaciones de sociedad civil es fundamental para lograr posicionar este enfoque.

  • En el impulso de iniciativas como ésta resulta de gran apoyo contar con tomadores de decisión con conocimiento técnico, así como con figuras que hagan lobby y sumen visibilidad. 

  • Es fundamental generar y sistematizar datos reales a partir de las experiencias piloto. Esta información es de gran valor para la gestión de recursos y la justificación de políticas. 

  • El apoyo de la cooperación internacional, tanto en el fortalecimiento de la capacidad técnica como en el aporte de recursos de inversión es indispensable.