HUB REGIONAL DE INNOVACIÓN CLIMÁTICA

Acciones climáticas innovadoras

Programa Pago por Servicios Ambientales PSA

Costa Rica perdió la mitad de su bosque maduro entre 1940 y 1980. A inicios del siglo XX la economía del país se basaba en la producción agropecuaria, cuyo impulso ocasionó la deforestación de bosques para el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas.[1]  La cobertura forestal llegó a su punto más bajo en 1986, cubriendo un 40% del territorio.[2] En la década de los 90s, el país inició un largo camino para transformar el paisaje y  recuperar poco a poco la cobertura forestal perdida. Para esto, desarrolló legislación ambiental innovadora, implementó políticas de conservación y desarrolló mecanismos financieros que incentivaron la conservación de bosques y la reforestación.[3] 

En el año 1996 se promulgó la Ley Forestal, que marcó un hito al reconocer por primera vez los servicios ambientales que brindan los bosques. Esta ley da origen al Programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA).

El PSA es un reconocimiento financiero otorgado por el Estado a los propietarios y poseedores de bosques y plantaciones forestales, por los servicios ecosistémicos que éstos ofrecen y que inciden directamente en la protección y mejora del medio ambiente. El PSA es ejecutado por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), y de acuerdo con la Ley Forestal reconoce los siguientes servicios ambientales: 

  1. Mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y absorción). 

  2. Protección de la biodiversidad para su conservación y uso sostenible, científico y farmacéutico, de investigación y de mejoramiento genético, así como para la protección de ecosistemas y formas de vida.

  3. Protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico.

  4. Belleza escénica natural para fines turísticos y científicos.

Una de las principales fortalezas del PSA está relacionado con el financiamiento, ya que la Ley Forestal le otorga una fuente sólida de ingresos a FONAFIFO, que consiste en el 3,5% del impuesto al consumo de combustibles fósiles. Además, la Dirección de Aguas debe girar a FONAFIFO un 25% de lo recaudado por concepto de Canon de agua. Contar con fuentes de financiamiento estables permite planificar a largo plazo y asumir contratos en los cuales los propietarios se comprometen a mantener y proteger sus bosques por diferentes plazos, y con la certeza de que el financiamiento del Programa cuenta con un respaldo gubernamental. 

Otro de los pilares del Programa es la solidez de sus sistemas de monitoreo y de rendición de cuentas. Con respecto al monitoreo, todos los contratos se encuentran respaldados por planos e integrados a un sistema de información geográfica que generan mapas por capas que aseguran una visión comprensiva de cada finca participante. El seguimiento combina las visitas en terreno con las virtuales y se acompaña de un uso robusto de tecnologías de seguimiento, monitoreo y evaluación. 

FONAFIFO realiza desde hace más de 10 años una minuciosa rendición de cuentas sobre los ingresos y las inversiones de PSA que pueden seguirse en los informes y estadísticas que publica anualmente. Se ha hecho una importante inversión en tecnología y herramientas financieras, contables y de integración de datos en un esfuerzo por disminuir los riesgos, con la claridad de que lo que se manejan son recursos públicos. El programa pasa por auditorías anuales y en 2022 logró una ejecución presupuestaria del 99%.

Uno de los principales retos que enfrenta el PSA es la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento. En el año 2018 el país lanzó el Plan Nacional de Descarbonización, donde el país estableció metas para la reducción del consumo de combustibles fósiles. Si bien este plan traza el camino para construir este futuro deseado, también afecta los ingresos del PSA, siendo su principal ingreso el impuesto al consumo de combustible.

En 1998, tan solo dos años después de la creación del PSA , la tasa de pérdida de cobertura forestal había disminuido a cero. Esto quiere decir que Costa Rica había alcanzado un equilibrio entre la deforestación y la reforestación, convirtiéndose en un país que gestiona y conserva el bosque con un enfoque sostenible. A partir de ese momento, el desafío principal fue el de aumentar la cobertura forestal de manera significativa.[4]

De acuerdo con el Global Forest Review, a lo largo del 2022 el mundo perdió 4.1 millones de hectáreas de bosque, un 10% más que durante el año anterior. Contrario a lo que sucede en el resto del planeta, Costa Rica destaca en segundo lugar dentro de los 10 países con menor pérdida de bosque primario a nivel global. Entre el año 2000 y 2020, Costa Rica recuperó 57.877 hectáreas de cobertura forestal, alcanzando un 59% de su territorio terrestre.[5]

Estos logros se explican, en gran medida, a la implementación del PSA y a la visión de un país que apostó hace casi 30 años por un modelo de desarrollo comprometido con la sostenibilidad y la protección de sus recursos naturales.

• Se desarrolló el Plan Forestal 30/30 donde se establecen metas al año 2030 para el aumento de área reforestada, remoción de carbono mediante el uso de madera de cultivo forestal y la creación de empleos verdes entre otras. 

• Durante el año 2022 ingresaron a FONAFIFO $13,2 millones de dólares del Fondo Verde del Clima, producto de un acuerdo de Pago Basado en Resultados (PBR) suscrito entre FONAFIFO y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 

• El Banco Mundial se comprometió a donar un total de $60 millones de dólares dentro del marco del Acuerdo de Pago por Reducciones de Emisiones (ERPA) del Fondo Cooperativo para el Carbono de Bosques.

• Durante el año 2022, el país invirtió más de 11 mil millones de colones para el pago de servicios ambientales, protegiendo así más de 247 mil hectáreas de bosque y plantaciones forestales.

• Desde el año 2010 se han suscrito 194 contratos de PSA en territorios indígenas, valorados en más de $70.4 millones de dólares. Durante el 2023, se invirtió $1.061.0939 de dólares en la protección de 53.532 hectáreas y 269.682 árboles dentro de territorios indígenas. 

• En el marco de implementación de la Estrategia REDD+, se firmaron seis Contratos por Reducción de Emisiones Forestales (CREF) con pueblos indígenas, los cuales les generarán ingresos totales de $181 mil dólares durante los próximos tres años.

• Se han realizado esfuerzos sostenidos para aumentar la participación de mujeres en el PSA. En 2010, el 15% de los contratos eran asignados a mujeres, y para el 2022 esta cifra fue de 22%. En 2021 llegó a su punto máximo con un 30% de mujeres con contratos.

• Entre el año 2006 y 2022 se formalizaron 1.378 contratos financiados con recurso de Canon de Agua, logrando proteger 65.612 hectáreas con una inversión cercana a los 20 mil millones de colones.

• Entre el año 2006 y 2022 se destinó más de 22 mil millones de colones al pago de servicios ambientales para la protección de 132.948 hectáreas dentro de Áreas Silvestres Protegidas. De igual forma, en ese mismo periodo se protegieron 260.837 hectáreas ubicadas dentro de Corredores Biológicos, por un monto superior a los 54.500 millones de colones. 

• El PSA se ha convertido en referente internacional y ha recibido importantes reconocimientos internacionales. En 2020 obtuvo el Premio de Acción Mundial por el Clima de la ONU y en 2021, el Earthshot Price, junto con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación.


[1] Cuarta Comunicación Nacional de Cambio Climático (2020)

Reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI), al promover las plantaciones forestales y la conservación de bosques. Los ecosistemas forestales mitigan el cambio climático a través de la fijación o captura de carbono, y al prevenir emisiones originadas por la deforestación y la degradación forestal. Se estima que para el año 2022, el PSA mitigó más de 724 mil toneladas de CO2 mediante contratos de reforestación, regeneración y SAF, y más de 96 mil toneladas de CO2 mediante contratos de PSA.

• Reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI), al reconocer el valor económico que tienen los sumideros de gases efecto invernadero, incentivando la conservación de reservas de carbono forestal. 

• El PSA mejora la adaptación ecosistémica, ya que la conservación de bosques y el aumento de las zonas forestales tienen un efecto positivo para la diversidad y la conservación de la biodiversidad y la protección de las cuencas hidrográficas. 

Mejora la adaptación de las comunidades al cambio climático. Los bosques y las plantaciones forestales aumentan la resiliencia del paisaje, constituyendo barreras físicas que protegen a poblaciones e infraestructura humana de los embates de fenómenos hidrometeorológicos derivados del cambio climático. Adicionalmente los bosques contribuyen a potenciar la absorción de agua en lluvias intensas, estabilizan el suelo evitando deslizamientos, reducen la erosión tanto del agua como del viento y mejoran la calidad del aire. 

• Mejora la adaptación de comunidades indígenas al cambio climático, ya que con los ingresos generados por el pago de servicios ambientales dentro de sus territorios, mejoran la infraestructura aumentando la resiliencia en sus comunidades.

Promueve un esquema de conservación participativa, reconociendo los esfuerzos de conservación realizados por los propietarios de terrenos sometidos a esquemas de PSA. Además, se promueve un modelo de desarrollo con enfoque ecosistémico, el cual armoniza la conservación con mejores prácticas productivas.

• La experiencia costarricense del PSA se sostiene en cuatro pilares fundamentales: Institucionalidad, marco legal, financiamiento y monitoreo y evaluación. Para su réplica es conveniente considerarlos y asegurar su fortaleza.

• Se debe contar con una gobernanza clara que permita comprender el rol que tiene cada uno de los diferentes actores que se involucran en las diferentes etapas del PSA.

• El esquema de gobernanza debe acompañarse de un marco legal que defina el mecanismo de aplicación y reconocimiento de los servicios ambientales, así como las fuentes de financiamiento. El PSA de Costa Rica cuenta además con un Manual de Procedimientos para el Pago de Servicios Ambientales.

•Se deben asegurar fuentes estables de financiamiento que permitan no solo asegurar el cumplimiento de los contratos, sino además planificar a largo plazo. Estas fuentes pueden complementarse con recursos de organismos internacionales o inversiones del sector privado.

• Diseñar esquemas de monitoreo y evaluación apoyados en herramientas tecnológicas y personal altamente calificado. La elaboración de informes anuales garantiza que los recursos se invierten eficientemente y asegura la transparencia del Programa.

• Es recomendable acompañar este tipo de esquemas de financiamiento forestal con programas educativos y culturales que promuevan el cambio de paradigma que implica reconocer el pago por servicios ecosistémicos como un servicio y no como un incentivo gubernamental. Promover la idea de que “el bosque vale más por los servicios ambientales que se generan que por la madera que contiene”.